Más de catorce millones de personas, aproximadamente la mitad de ellos judíos y la otra mitad palestinos, viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo bajo un mismo gobierno. La impresión generalizada en el discurso público, político, legal y mediático es que dos regímenes diferentes actúan lado a lado en esta área, separados por la Línea Verde. Un régimen, dentro de las fronteras del Estado soberano de Israel, es una democracia permanente con una población de alrededor de nueve millones, todos ellos ciudadanos israelíes. El otro régimen, establecido en los territorios que Israel ocupó en 1967 y cuyo estatus final se supone que se determinará en futuras negociaciones, es una ocupación militar temporal impuesta a unos cinco millones de palestinos.
A lo largo del tiempo, la distinción entre los dos regímenes se ha ido separando de la realidad. Esta situación se ha dado durante más de 50 años, el doble de tiempo que el estado de Israel ha existido sin la misma. Cientos de miles de colonos judíos residen actualmente en asentamientos permanentes al este de la Línea Verde. Sin embargo, viven como si estuvieran al oeste de dicha línea. Jerusalén Oriental se ha anexionado oficialmente al territorio soberano de Israel y Cisjordania se ha anexionado en la práctica. Lo más importante es que la distinción ofusca el hecho de que la totalidad del área situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán se organiza bajo un solo principio: hacer avanzar y consolidar la supremacía de un grupo, los judíos, sobre otro, los palestinos. Todo esto lleva a la conclusión de que no se trata de dos regímenes paralelos que simplemente respetan el mismo principio. Existe un régimen que gobierna toda la zona y a la población que la habita, basado en un principio organizativo único.
Cuando se fundó B’Tselem 1989, limitamos nuestro mandato a Cisjordania (incluida Jerusalén Oriental), así como la Franja de Gaza. Nos abstuvimos de abordar los derechos humanos dentro del Estado de Israel establecido en 1948 o de adoptar un enfoque integral global respecto a toda la zona situada entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Sin embargo, la situación ha cambiado. El principio organizativo del régimen ha ganado mayor visibilidad en los últimos años, como lo demuestra la Ley Básica: Israel, el Estado-Nación del Pueblo Judío aprobada en 2018, o el debate abierto sobre la anexión formal de zonas de Cisjordania en 2020. Estos hechos, junto con lo anteriormente descrito, evidencian que lo que sucede en los Territorios Ocupados ya no se puede tratar como algo independiente de la realidad sobre terreno que se desarrolla en toda la región bajo el control israelí. Los términos que hemos utilizado en los últimos años para describir la situación, como «ocupación prolongada» o «realidad de un solo Estado», ya no son adecuados. Para continuar combatiendo eficazmente las violaciones de derechos humanos, es fundamental examinar y definir el régimen que gobierna toda la zona.
Este documento analiza cómo trabaja el régimen israelí con el fin de promover sus objetivos en toda el área situada bajo su control. No proporcionamos una revisión histórica una evaluación de los movimientos nacionales palestinos y judíos, o del antiguo régimen de Sudáfrica. Si bien estas son cuestiones importantes, están más allá del alcance de una organización de derechos humanos. Más bien, este documento presenta los principios que guían al régimen, demuestra cómo se implementan y apunta a la conclusión que surge de todo esto en cuanto a cómo debe definirse el régimen y qué conlleva para los derechos humanos.
DIVIDIR, SEPARAR Y GOBERNAR
En toda el área situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí aplica leyes, prácticas y violencia estatal diseñadas para consolidar la supremacía de un grupo, los judíos, sobre otro, los palestinos. Un método clave para lograr este objetivo es diseñar el espacio de forma diferente para cada grupo. Los ciudadanos judíos viven como si toda el área se tratase de un solo espacio, excluyendo la Franja de Gaza. La Línea Verde no significa prácticamente nada para ellos: independientemente de si viven al oeste de dicha línea, dentro del territorio soberano de Israel, o al este, en asentamientos no anexionados formalmente a Israel, es irrelevante para sus derechos o estatus.
Por otro lado, el lugar donde viven los palestinos es crucial. El régimen israelí ha dividido el área en varias unidades que define y gobierna de forma diferente, donde se otorga a los palestinos derechos diferentes en cada una de ellas. Esta división solo es relevante para los palestinos. El espacio geográfico, el cual es contiguo para los judíos, resulta ser un mosaico fragmentado para los palestinos:
● Los palestinos que viven en tierras definidas en 1948 como territorio soberano de Israel (a veces llamadas árabes-israelíes) son ciudadanos israelíes y constituyen el 17% de la ciudadanía del Estado. Aunque este estatus les otorga muchos derechos, no disfrutan de los mismos derechos que los ciudadanos judíos ya sea por ley o en la práctica, como se detalla más adelante en este documento.
● Aproximadamente 350.000 palestinos viven en Jerusalén Oriental, la cual consta de unos 70 000 dunams [1 dunam = 1 000 m2] y que Israel anexionó a su territorio soberano en 1967. A estos palestinos se les define como residentes permanentes de Israel, un estatus que les permite vivir y trabajar en Israel sin necesidad de permisos especiales para recibir prestaciones sociales y seguro médico, así como para votar en las elecciones municipales. Sin embargo, la residencia permanente, a diferencia de la ciudadanía, puede revocarse en cualquier momento, a entera discreción del ministro del Interior. En determinadas circunstancias, también puede expirar.
● Aunque Israel nunca se anexionó formalmente Cisjordania, este maneja el territorio como si fuera propio. Más de 2,6 millones de personas palestinas viven en Cisjordania, en decenas de enclaves apartados, bajo un estricto régimen militar y sin derechos políticos. En aproximadamente el 40% del territorio, Israel ha cedido algunos poderes civiles a la Autoridad Palestina (AP). Sin embargo, la Autoridad Palestina todavía está subordinada a Israel y solo puede ejercer sus poderes limitados, con el consentimiento de Israel.
● La Franja de Gaza es el hogar de unos dos millones de palestinos, también privados de derechos políticos. En 2005, Israel retiró sus fuerzas de la Franja de Gaza, desmanteló los asentamientos que se construyeron allí y renunció a cualquier responsabilidad referente al destino de la población palestina. Después de la toma de posesión de Hamas en 2007, Israel impuso un bloqueo en la Franja de Gaza que todavía sigue vigente. Durante todos estos años, Israel ha seguido controlando casi todos los aspectos de la vida en Gaza desde el exterior.
Israel otorga a los palestinos un paquete diferente de derechos en cada una de estas unidades, todos los cuales son inferiores en comparación con los derechos otorgados a los ciudadanos judíos. El objetivo de la supremacía judía avanza de manera diferente en cada unidad, y las formas de injusticia resultantes difieren: la experiencia vivida por los palestinos en la Gaza bloqueada es diferente a la de las personas palestinas en Cisjordania, los residentes permanentes en Jerusalén Este o los ciudadanos palestinos dentro del territorio bajo soberanía israelí. Sin embargo, estas son variaciones del hecho de que todos los palestinos que viven bajo el gobierno israelí son tratados como inferiores en derechos y estatus respecto a los judíos que habitan en la misma área.
A continuación, se detallan cuatro métodos principales que utiliza el régimen israelí para promover la supremacía judía. Dos de estos métodos se implementan de manera similar en toda el área: restringir la migración de los no judíos y apoderarse de la tierra palestina para construir comunidades exclusivamente para judíos, mientras se relega a los palestinos a pequeños enclaves. Los otros dos métodos se implementan principalmente en los Territorios Ocupados y son las restricciones draconianas al movimiento de palestinos no ciudadanos y la negación de sus derechos políticos. El control sobre estos aspectos de la vida está completamente en manos de Israel, es decir, a lo largo de toda el área, Israel tiene el poder exclusivo sobre el registro de población, la asignación de tierras, las listas de votantes y el derecho (o denegación del mismo) de viajar por el interior, entrar o salir de cualquier parte del territorio.
A) INMIGRACIÓN: Solo para judíos
Cualquier judío en el mundo, al igual que todos sus familiares tienen derecho a inmigrar a Israel en cualquier momento y recibir la ciudadanía israelí, con todos los derechos asociados. Reciben este estatus incluso si eligen vivir en un asentamiento de Cisjordania que no esté anexionado formalmente al territorio soberano de Israel.
En cambio, los «no judíos» no tienen derecho a una condición jurídica en las áreas controladas por Israel. La concesión del estatus queda a discreción casi total de los funcionarios: el ministro del Interior (dentro del Estado soberano de Israel) o el comandante militar (en los Territorios Ocupados). A pesar de esta distinción oficial, el principio organizativo sigue siendo el mismo: los palestinos que viven en otros países no pueden emigrar al área situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, incluso si ellos, sus padres o sus abuelos nacieron y vivieron allí. La única forma en la que los palestinos pueden emigrar a áreas controladas por Israel es casándose con una persona palestina que ya vive allí como ciudadano, residente o sujeto, además de cumplir una serie de condiciones y recibir la aprobación israelí.
Israel no solo obstaculiza la inmigración palestina, sino que también impide la reubicación palestina entre las unidades, si dicha reubicación, según la percepción del régimen, mejorara el estatus de la persona palestina. Por ejemplo, los ciudadanos palestinos de Israel o los residentes de Jerusalén Oriental pueden trasladarse fácilmente a Cisjordania, aunque arriesgan sus derechos y estatus. Los palestinos no pueden obtener la ciudadanía israelí en los Territorios Ocupados y reubicarse en territorio soberano de Israel, excepto en casos muy excepcionales, que dependen de la aprobación de los funcionarios israelíes.
La política de Israel sobre el reagrupamiento familiar ilustra este principio. Durante años, el régimen ha impuesto numerosos obstáculos a las familias en las que cada cónyuge vive en una unidad geográfica diferente. Con el tiempo, esto ha dificultado e incluso, a menudo, ha imposibilitado que los palestinos que se casan con un palestino en otra unidad geográfica adquieran el estatus en dicha unidad. Como resultado de esta política, decenas de miles de familias no han podido convivir juntas. Cuando uno de los cónyuges reside en la Franja de Gaza , Israel permite que la familia viva allí junta, pero si el otro cónyuge es residente de Cisjordania, Israel les exige que se trasladen de forma permanente a Gaza. En 2003, la Knéset aprobó una orden temporal (aún en vigor) que prohíbe la emisión de la ciudadanía israelí o la residencia permanente a los palestinos de los Territorios Ocupados que contraigan matrimonio con israelíes, a diferencia de los ciudadanos de otros países. En casos excepcionales aprobados por el ministro del Interior, se le puede otorgar el estatus en Israel a los palestinos de Cisjordania que se casen con israelíes, pero es únicamente temporal y no les da derecho a beneficios sociales.
Israel también socava el derecho de los palestinos en los Territorios Ocupados a seguir viviendo en su lugar de nacimiento, incluida Jerusalén Oriental. Desde 1967, Israel ha revocado el estatus de unos 250 000 palestinos en Cisjordania (Jerusalén Oriental incluida) y la Franja de Gaza, en algunos casos a causa de que habían residido en el extranjero durante más de tres años. Este hecho incluye a miles de residentes de Jerusalén Oriental que se mudaron varios kilómetros hacia el este de sus hogares a partes zonas de Cisjordania que no están oficialmente anexionadas. A todas estas personas se les privó del derecho a regresar a sus hogares y sus familias donde nacieron y se criaron.
B) APODERARSE DE TIERRAS PARA LOS JUDÍOS MIENTRAS SE HACINAN A LOS PALESTINOS EN ENCLAVES
Israel practica una política de «judaizar» el área, basada en la mentalidad de que la tierra es un recurso destinado casi exclusivamente a beneficiar al pueblo judío. La tierra se utiliza para desarrollar y expandir las comunidades judías existentes y construir otras nuevas, mientras que los palestinos son desposeídos y acorralados en pequeños enclaves hacinados. Esta política se ha practicado con respecto a la tierra dentro del territorio soberano israelí desde 1948 y se ha aplicado a los palestinos en los Territorios Ocupados desde 1967. En 2018, el principio subyacente se consolidó en la Ley Básica: Israel, el Estado-Nación del Pueblo Judío, que estipula que «el Estado considera el desarrollo de asentamientos judíos un valor nacional y tomará medidas para alentar y promover el establecimiento y la consolidación de dichos asentamientos».
Dentro de su territorio soberano, Israel ha promulgado leyes discriminatorias , sobre todo la Ley de Propiedad de los Ausentes, que le permite expropiar vastas extensiones de tierra de propiedad palestina, incluidos millones de dunams en comunidades cuyos residentes fueron expulsados o huyeron en 1948 y se les prohibió regresar. Israel también ha reducido significativamente las áreas designadas para los consejos y comunidades locales palestinas, que ahora tienen acceso a menos del 3 % del área total del país. La mayor parte del terreno designado ya está saturado de construcción. Como consecuencia, más del 90 % de la tierra en el territorio soberano de Israel se encuentra actualmente bajo control estatal.
Israel ha utilizado esta tierra para construir cientos de comunidades para ciudadanos judíos, pero ni una sola para ciudadanos palestinos. La excepción es un puñado de ciudades y pueblos construidos para concentrar a la población beduina, a la que se le ha despojado la mayoría de sus derechos de propiedad. La mayor parte de la tierra en la que solían vivir los beduinos se ha expropiado y registrado como tierra estatal. Muchas comunidades beduinas han sido definidas como «no reconocidas» y sus residentes como «invasores». En tierras históricamente pobladas por beduinos, Israel ha construido comunidades exclusivamente para judíos .
El régimen israelí restringe duramente la construcción y el desarrollo en las pocas tierras que quedan en las comunidades palestinas dentro de su territorio soberano. Asimismo, se abstiene de preparar planes generales que reflejen las necesidades de la población y mantiene las zonas de jurisdicción de estas comunidades prácticamente sin cambios a pesar del crecimiento de la población. El resultado son enclaves pequeños y densamente poblados donde los residentes no tienen más remedio que construir sin permisos.
Israel también ha aprobado una ley que permite a las comunidades con comités de admisión, las cuales suman cientos en todo el país, rechazar a los solicitantes palestinos por motivos de «incompatibilidad cultural». Esto evita efectivamente que los ciudadanos palestinos vivan en comunidades designadas para judíos. Oficialmente, cualquier ciudadano israelí puede vivir en cualquiera de las ciudades del país; en la práctica, solo el 10 % de los ciudadanos palestinos lo hace. Aún así, generalmente son desterrados a vecindarios separados debido tanto a la falta de servicios educativos, religiosos y de otro tipo, como al coste prohibitivo de comprar una casa en otras partes de la ciudad o a prácticas discriminatorias en la venta de tierras y viviendas.
El régimen ha utilizado el mismo principio organizativo en Cisjordania desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. Cientos de miles de dunams, incluidas tierras de cultivo y pastos, han sido arrebatadas a personas palestinas con diversos pretextos y se han utilizado, entre otras cosas, para establecer y ampliar asentamientos, incluidos barrios residenciales, tierras de cultivo y zonas industriales. Todos los asentamientos son zonas militares cerradas a las que los palestinos tienen prohibido acceder sin un permiso. Hasta ahora, Israel ha establecido más de 280 asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que ahora albergan a más de 600 000 judíos. Se han apoderado de más tierras para construir cientos de kilómetros de carreteras de circunvalación para los colonos.
Israel ha instituido un sistema de planificación independiente para los palestinos en Cisjordania, diseñado principalmente para evitar la construcción y su desarrollo. Grandes extensiones de tierra no están disponibles para la construcción, ya que han sido declaradas tierras estatales, zona de tiro, reserva natural o parque nacional. Las autoridades también se abstienen de redactar proyectos adecuados que reflejen las necesidades presentes y futuras de las comunidades palestinas en las pocas tierras que han sido preservadas. El sistema de planificación independiente se centra en la demolición de estructuras construidas sin permisos, en este como en otros casos, debido a la falta de alternativas. Todo esto ha atrapado a los palestinos en docenas de enclaves densamente poblados y excluidos de cualquier tipo de desarrollo, ya sea para uso residencial o público, incluida la infraestructura, casi marginados por completo.
C) RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LOS PALESTINOS
Israel permite a sus ciudadanos y residentes judíos y palestinos viajar libremente por todas las zonas. Las excepciones son la prohibición de acceder a la Franja de Gaza, que se define como «territorio hostil», y la prohibición, en su mayoría formal, de acceder a áreas aparentemente bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina (Área A). En raras ocasiones, se permite la entrada en Gaza a ciudadanos o residentes palestinos.
Los ciudadanos israelíes también pueden salir y volver a entrar en el país en cualquier momento. Por su parte, los residentes de Jerusalén Oriental no disponen de pasaportes israelíes y una ausencia prolongada puede conllevar a la revocación del estatus.
Israel restringe habitualmente el movimiento de palestinos en los Territorios Ocupados y, en general, les prohíbe moverse entre las unidades geográficas. Los palestinos de Cisjordania que deseen entrar en Israel, Jerusalén Oriental o la Franja de Gaza deben dirigirse a las autoridades israelíes. En la Franja de Gaza, bloqueada desde 2007, toda la población está encarcelada ya que Israel prohíbe casi cualquier movimiento de entrada o salida, excepto en casos excepcionales que define como «humanitarios». Los palestinos que deseen abandonar Gaza o de otras unidades geográficas que deseen acceder a la mismadeben, también, presentar una solicitud especial de permiso a las autoridades israelíes. Los permisos se emiten con moderación y pueden obtenerse únicamente mediante un mecanismo o régimen de permisos estricto y arbitrario, que carece de transparencia y de una regulación bien definida. Israel trata cada permiso otorgado a un palestino como un acto de gracia más que como el cumplimiento de un derecho adquirido.
En Cisjordania, Israel controla todas las rutas entre los enclaves palestinos. Esto permite a los militares establecer puntos de control móviles, cerrar puntos de acceso a determinadas aldeas, bloquear carreteras ydetener el cruce a través de los puestos de control según su voluntad. Además, Israel construyó la «Barrera de Separación» dentro de Cisjordania e hizo uso para ello de tierras palestinas, incluidas tierras de cultivo, que han quedado atrapadas entre la barrera y la Línea Verde y son designadas como «la zona de unión». Los palestinos en Cisjordania tienen prohibido acceder a esta zona, sujetos al mismo régimen de permisos.
Los palestinos en los Territorios Ocupados también necesitan permiso israelí para viajar al extranjero. Por regla general, Israel no les permite utilizar el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, que se encuentra dentro de su territorio soberano. Los palestinos de Cisjordania deben volar a través del aeropuerto internacional de Jordania, pero solo pueden hacerlo si Israel les permite cruzar la frontera hacia Jordania. Cada año, Israel niega miles de solicitudes para cruzar esta frontera, sin explicación. Los palestinos de Gaza deben atravesar el paso fronterizo de Rafah, controlado por Egipto, siempre que esté abierto y las autoridades egipcias les dejen pasar para poder emprender el largo viaje a través del territorio egipcio. En raras excepciones, Israel permite a los habitantes de Gaza viajar a través de su territorio soberano en un transbordador escoltado, para llegar hasta Cisjordania y desde allí continuar hacia Jordania y más tarde, emprender el viaje hacia su destino.
D) NEGACIÓN DEL DERECHO DE LOS PALESTINOS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Al igual que sus homólogos judíos, los ciudadanos palestinos de Israel pueden emprender acciones políticas para promover sus intereses, incluido votar y postularse para cargos públicos. Pueden elegir representantes, crear partidos políticos o unirse a los ya existentes. Dicho esto, los funcionarios palestinos electos son continuamente denigrados, un sentimiento propagado entre las figuras políticas claves, sumado a que el derecho de los ciudadanos palestinos a la participación política está bajo constante ataque.
Los aproximadamente 5 millones de palestinos que viven en los Territorios Ocupados no pueden participar en el sistema político que gobierna sus vidas y determina su futuro. En teoría, la mayoría de los palestinos son elegibles para votar en las elecciones de la Autoridad Palestina. Sin embargo, como los poderes de la AP son limitadaos, incluso si las elecciones se llevan a cabo regularmente (las últimas tuvieron lugar en 2006), el régimen israelí todavía regula la vida de los palestinos, ya que sigue regulando importantes aspectos de la gobernabilidad en los Territorios Ocupados. Esto incluye el control de la inmigración, el registro de población, la planificación y las políticas territoriales, el agua, la infraestructura de comunicaciones, la importación y exportación y el control militar sobre el espacio terrestre, marítimo y aéreo.
En el Jerusalén Oriental, los palestinos están atrapados entre la espada y la pared. Como residentes permanentes de Israel, pueden votar en las elecciones municipales, pero no en el parlamento. Por otro lado, Israel les dificulta participar en las elecciones de la Autoridad Palestina.
La participación política abarca más que votar o postularse para un cargo. Israel también niega a los palestinos derechos políticos como la libertad de expresión y la libertad de asociación. Estos derechos permiten a las personas criticar los regímenes, protestar contra las políticas, formar asociaciones para promover sus ideas y en general, trabajar para promover el cambio social y político.
Una gran cantidad de leyes, como la Ley de Boicot y la Ley de la Nakba, han limitado la libertad de los israelíes para criticar las políticas relacionadas con los palestinos en toda la zona. Los palestinos de los Territorios Ocupados se enfrentan a restricciones aún más severas: no se les permite manifestarse (muchas asociaciones han sido prohibidas) y casi cualquier declaración política se considera incitación. Estas restricciones se aplican asiduamente por los tribunales militares, que han encarcelado a cientos de miles de palestinos y son un mecanismo clave para defender la ocupación. En Jerusalén Oriental, Israel trabaja para prevenir cualquier actividad social, cultural o política asociada de alguna manera con la Autoridad Palestina.
La división del espacio también obstaculiza una lucha palestina unificada contra la política israelí. La variación de leyes, procedimientos y derechos entre las unidades geográficas y las draconianas restricciones al movimiento han separado a los palestinos en distintos grupos. Esta fragmentación no solo ayuda a Israel a promover la supremacía judía, sino que también frustra las críticas y la resistencia.
NO AL APARTHEID: ESA ES NUESTRA LUCHA
El régimen israelí, que controla todo el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, busca avanzar y cimentar la supremacía judía en toda el área. Con ese fin, ha dividido la zona en varias unidades, cada una con un conjunto diferente de derechos para los palestinos, siempre inferiores a los derechos de los judíos. Como parte de esta política, a los palestinos se les deniegan muchos derechos, incluido el derecho de autodeterminación.
Esta política avanza de varias formas. Israel diseña demográficamente el espacio a través de leyes y órdenes que permiten que cualquier judío del mundo o sus familiares obtengan la ciudadanía israelí, pero niegan casi por completo a los palestinos esta posibilidad. Ha diseñado físicamente toda el área tomando el control de millones de dunams de tierra y estableciendo comunidades únicamente para judíos, mientras conduce a los palestinos a pequeños enclaves. El movimiento está diseñado en base a la imposición de restricciones a personas palestinas, si bien a su vez la ingeniería política excluye a millones de estas personas de participar en los procesos que determinan sus vidas y su futuro mientras las mantienen bajo una ocupación militar.
Un régimen que utiliza leyes, prácticas y violencia organizada para cimentar la supremacía de un grupo sobre otro es un régimen de apartheid. El apartheid israelí, que promueve la supremacía de los judíos sobre los palestinos, no nació en un día ni a través de un solo discurso. Es un proceso que se ha vuelto gradualmente más institucionalizado y explícito, a través de mecanismos inducidos, que con el paso del tiempo han sido transformados en leyes y llevados a la práctica para promover la supremacía judía. El cúmulo de estas medidas, así como su omnipresencia en la legislación y la práctica política, sumado al apoyo público y judicial que reciben, conforman la base para nuestra conclusión de que se ha cumplido los requisitos necesarios para etiquetar al régimen israelí como apartheid.
Si este régimen se ha desarrollado a lo largo de muchos años, ¿por qué publicar este documento en 2021?, ¿qué ha cambiado? Los últimos años se ha visto un aumento en la motivación y la voluntad de los funcionarios e instituciones israelíes de consagrar la supremacía judía en base a la ley y declarar abiertamente sus intenciones. La promulgación de la Ley Básica: Israel, el Estado-Nación del Pueblo Judío y el plan declarado para anexionar formalmente partes de Cisjordania han destrozado la fachada que Israel trató de mantener durante años.
La Ley Básica del Estado-Nación, promulgada en 2018, consagra el derecho del pueblo judío a la autodeterminación con exclusión de todos los demás. Establece que distinguir a los judíos en Israel, y en todo el mundo, de los no judíos es fundamental y legítimo. En base a esta distinción, la ley permite la discriminación institucionalizada a favor de los judíos en los asentamientos, la vivienda, la explotación de la tierra, la ciudadanía, el idioma y la cultura. Es cierto que el régimen israelí siguió en gran medida estos principios anteriormente. Sin embargo, la supremacía judía ahora ha sido consagrada en la Ley Básica, lo que la convierte en un principio constitucional vinculante, a diferencia del derecho común o de las prácticas por parte de las autoridades, que pueden ser impugnadas. Esto indica a todas las instituciones estatales que no solo pueden, sino que deben promover la supremacía judía en todo el área bajo control israelí.
El plan de Israel de anexionar formalmente partes de Cisjordania también cierra la brecha entre el estatus oficial de los Territorios Ocupados, que va acompañado de un discurso vacío sobre la negociación de su futuro, y el hecho de que Israel realmente anexionó la mayor parte de Cisjordania hace mucho tiempo. Israel no cumplió con sus declaraciones de anexión formal después de julio de 2020, y desde entonces varios funcionarios han publicado declaraciones contradictorias sobre el plan. Independientemente de cómo y cuándo Israel promueva la anexión formal de una manera u otra, su intención de lograr un control permanente sobre toda el área ya ha sido declarada abiertamente por los más altos funcionarios del estado.
El razonamiento fundamental del régimen israelí y las medidas utilizadas para implementarlo recuerdan al régimen sudafricano, el cual buscaba preservar la supremacía de los ciudadanos blancos, en parte dividiendo a la población en clases y subclases, y en parte atribuyendo diferentes derechos a cada uno. Por supuesto, existen diferencias entre los regímenes. Por ejemplo, la división en Sudáfrica se basó en la raza y el color de la piel, mientras que en Israel se basa en la nacionalidad y el origen étnico. La segregación en Sudáfrica también se manifestó en el espacio público, en forma de una separación pública, formal y policial entre las personas basada en el color de la piel, un grado de visibilidad que Israel generalmente evita. Sin embargo, en el discurso público y en el derecho internacional, el apartheid no significa una copia exacta del antiguo régimen sudafricano. Ningún régimen será jamás idéntico.
El régimen israelí no tiene que declararse a sí mismo un régimen de apartheid para ser definido como tal, ni es relevante que los representantes del Estado lo proclamen abiertamente como una democracia. Lo que define el apartheid no son las declaraciones, sino la práctica. Si bien Sudáfrica se declaró a sí misma como un régimen de apartheid en 1948, no es razonable esperar que otros estados sigan su ejemplo dadas las repercusiones históricas. Es más probable que la respuesta de la mayoría de los países al apartheid de Sudáfrica disuada a los países de admitir la implementación de un régimen similar. También está claro que lo que era posible en 1948 ya no es posible en la actualidad, tanto legalmente como en términos de opinión pública.
Por doloroso que sea mirar la realidad de frente, lo es aún más vivir bajo opresión. La dura realidad descrita aquí puede deteriorarse aún más si se introducen nuevas prácticas, con o sin legislación de acompañamiento. Sin embargo, las personas crearon este régimen y las personas pueden bien agravarlo o bien trabajar para reemplazarlo. Esa esperanza es la fuerza impulsora tras este documento de posicionamiento. ¿Cómo puede la gente luchar contra la injusticia si esta no tiene una denominación? El apartheid constituye el principio organizativo, pero reconocerlo no significa darse por vencido. Al contrario: es un llamamiento al cambio.
Luchar por un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia es especialmente crucial ahora. Existen varios caminos políticos hacia un futuro más justo para esta tierra, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, pero todos debemos primero optar por decir no al apartheid.
Fuente: B’Tselem (https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid). Traducción: Misión Diplomática de Palestina en España.
